El paro de larga duración se dispara con el Covid en 360.000 personas
Los datos de empleo del segundo trimestre, -abril a junio-,
y la continuidad en julio son claramente positivos. Así se desprende de la
Encuesta de Población Activa (EPA) o los datos del registro del Sepe y de la
Seguridad Social. Sin embargo, un análisis más en profundidad de la encuesta
del INE arroja algunos datos preocupantes. Entre ellos, el alza desmesurada de
los desempleados de larga duración, aquellos que llevan entre uno y dos años
buscando infructuosamente un trabajo, y los de muy alta duración, que
sobrepasan los dos años. En conjunto, durante la pandemia (segundo trimestre de
2021 sobre el primero de 2020) se ha elevado en 360.500 el número de parados
que no encuentran empleo desde hace un año como mínimo. Un problema que señala
el Servicio de Estudios de la Confederación de UGT en un informe elaborado para
la Comisión Ejecutiva del sindicato.
El informe reseña que el grupo de desempleados de larga
duración (de un año en adelante) supuso en el segundo trimestre de este año el
49% de los trabajadores en paro. O, medido en personas, 1,735 millones. Si se
compara con el primer trimestre de 2020, cuando entró en vigor el
confinamiento, el porcentaje se ha elevado más de 15 puntos, pues entonces la
EPA contabilizó como parados de larga duración al 35,9% del total de parados,
1,142 millones.
No obstante, el dato del segundo trimestre del pasado año,
así como el de los siguientes, está desvirtuado por la metodología de la EPA.
El INE exige para contabilizar a una persona como parada que haya realizado una
búsqueda activa de empleo durante el trimestre analizado. Con el confinamiento
y otras medidas restrictivas, muchos desempleados no pudieron cumplir tal
requisito. Por tanto, la EPA los consideró como inactivos y no parados, lo que
explica la fuerte reducción del paro de larga duración en aquel trimestre de
2020.
Para hacer una comparación homogénea hay que enfrentar los
datos de este segundo trimestre con los del segundo trimestre de 2019, en
ausencia de Covid. Aun así, los datos siguen siendo preocupantes, en opinión de
UGT. Entonces la EPA contabilizaba 1,458 millones de personas en paro de larga
duración, equivalente al 45,13% del total de los parados. Es decir, que
actualmente hay 277.600 personas más que superan los 12 meses en búsqueda de
empleo en comparación del segundo trimestre de 2019.
El paro de larga duración ha crecido especialmente entre
aquellos que llevan entre 12 y 24 meses en desempleo y se ha mantenido más
estable entre los que superan los 24 meses. Así, a finales de junio eran cerca
de 800.000 las personas buscando entre un y dos años, lo que supone 400.000
personas más que hace un año, pero cerca de 350.000 si se compara con el mismo
periodo de hace dos años.
Sobre los que superan los 24 meses, en junio eran cerca de
940.000, lo que supone 193.000 más que en 2020, pero 69.000 menos que en el
segundo trimestre de 2019.
El desempleo de larga duración no es el único problema que
resalta el Servicio de Estudios del sindicato de la Unión General de
Trabajadores. También el efecto sobre las mujeres del empleo oculto (tasa
ampliada de desempleo, que incluye además a las personas inactivas que
trabajarían en caso de tener una oportunidad y a los trabajadores a tiempo
parcial involuntario). Esta medición sitúa el desempleo en el 23,7%, 8,5 puntos
por encima de la tasa de paro.
Otro de los efectos en el mercado laboral que se ha
disparado con la pandemia es el número de empleados a tiempo parcial que
desearían trabaja a jornada completa. Como resalta el informe del Servicios de
Estudios de UGT, el número de ocupados a tiempo parcial ha crecido un 5,1%
hasta sumar el 14,4% de todos los asalariados. Los jóvenes vuelve a ser el
colectivo más perjudicado, pues se eleva al 41% de los ocupados. De la
totalidad, el 54,1% desearía tener un empleo por 8 horas diarias y no reducido.
En el caso de los asalariados entre 25 y 35 años, los que preferirían un empleo
a jornada completa, pero que no lo encuentran, suponen las dos terceras partes.
FUENTE: ElEconomista
Principales prestaciones en situación de desempleo
La Seguridad Social es un sistema de previsión que garantiza cierta cobertura a todos sus beneficiarios, que son los ciudadanos de un país. Se basa en un sistema de solidaridad intergeneracional, también conocido como sistema de reparto, que exige a los actuales pensionistas haber aportado su granito de arena (haber cotizado) al sistema durante el tiempo en el que se ha trabajado. Estas prestaciones se conocen como pensiones contributivas. En determinadas circunstancias, la Seguridad Social ofrece la posibilidad de acceder a una prestación incluso sin haber cotizado o contribuido previamente al sostenimiento del sistema. Estas son pensiones no contributivas, a las no es necesario haber cotizado previamente para poder disfrutar de ellas.
Generalmente constituyen un derecho de contenido dinerario que, una vez reconocido cuando se reúnen determinadas condiciones, se integra en el patrimonio de la persona beneficiaria, en las contingencias o situaciones protegidas previstas en la Ley. Es dividen en 4 grupos.
- Pensiones, son prestaciones económicas de devengo periódico y de duración vitalicia o hasta conseguir una edad determinada.- Subsidios, prestaciones de devengo periódico y de duración temporal.
- Indemnizaciones, prestaciones económicas abonables por una sola vez.
- Prestaciones por desempleo, estas se pueden solicitar al Servicio Público de Ocupación Estatal (SEPE), es necesario estar inscrito/a en la Oficina de ocupación y estar en busca activa de ocupación.
Las ayudas por desempleo son:
Prestación por desempleo
Se trata de una ayuda económica para las personas que han perdido involuntariamente su trabajo y tienen 360 o más días de cotizaciones por desempleo sin consumir.
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Renta Activa de Inserción (RAI)
Es una ayuda para personas desempleadas durante más de 45 años, que no encuentran trabajo durante mínimo un año. Es no contributiva, el 80% del IPREM, 451 euros en el mes. Dura once meses se cobra un año si y un año no, hasta 3 periodos, es decir se puede renovarla 3 veces.
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Subsidio Extraordinario por Desocupación (SED)
Es una prestación del SEPE que nació para sustituir al Plan PREPARA. Se cobran 451 euros en el mes durante 6 meses (180 días). No se puede renovar aunque se cuente con cargas familiares.
En la hora de solicitarlo se tiene que demostrar que se está dado de alta como demandante de empleo, y que no se ha dejado pasar ninguna oportunidad laboral.
Se necesario demostrar que no se cobra RAI y cualquier otro ayuda social. Se puede compaginar con un contrato de trabajo a tiempo parcial, el que se tiene que notificar Servicio de Empleo de la Comunidad Autonoma de residencia.
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Subsidio para personas de más de 45 años
Los requisitos su tener más de 45 años, haber agotado la prestación contributiva (el paro), no tener rentas, ni responsabilidades familiares
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Subsidio de mayores de 52 años
Se requisitos su tener 52 años o más en la fecha en que se agote la prestación por desocupación o el subsidio por desempleo, o tenerlos en el momento de reunir los requisitos para acceder en alguno de los siguientes subsidios: por agotamiento de la prestación contributiva, emigrando devuelto o devuelta, revisión por mejora de una invalidez, liberado o liberada de prisión o cotizaciones insuficientes para la prestación contributiva; también si cumple los 52 años mientras está percibiendo alguno de estos subsidios en el momento de la solicitud y cumplir con los requisitos para jubilarse (excepto por la edad), se cobran 451 euros en el mes.
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Ingres Minim Vital (IMV)
Es una ayuda social para las familias en situación de pobreza, sin trabajo y sin ingresos. Aunque nació en medio de la pandemia del Covid-19, ha llegado para quedarse. Se solicita a la Seguridad Social.
La cantidad a cobrar con esta prestación no contributiva depende de la renta y del número de personas que vivan con la persona solicitante a la unidad familiar.
El importe de IMV es de 470 euros mensuales para una persona que viva sola, y puede llegar a los 1.033 euros en el supuesto de que la familia sea de cuatro adultos y un niño.
Al presentar la solicitud hay que'esperar el estudio del caso y la aprobación del IMV.
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Prestación por desempleo de nivel asistencial
Este subsidio lo pueden pedir las personas desempleadas de larga duración, que estén inscritas como demandantes de empleo durante un mes, sin haber rechazado ninguna oferta de trabajo adecuada, ni haberse negado a participar, excepto causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional.
No se tienen que tener rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75% del Salario Mínimo Interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
La ayuda es de 451 euros mensuales (el 80% del IPREM), cubre las cotizaciones sanitarias, de ayudas familiares y jubilación.
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Ayudas Por la Crisis del Coronavirus
Prestación especial para trabajadores afectados por un Expediente Expediente de Regulación Temporal de Ocupación (ERTE)
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Prestación especial para autónomos por cese o disminución de actividad
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Rentas Mínimas de Inserción (RMI)
Se denominan (RMI) a los diferentes programas que tienen las comunidades autónomas y ciudades ceutíes y Melilla dirigidos a las personas y familias que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Van acompañados de un proceso de intervención social, en algunos casos estos programas se vinculan además con procesos de inserción laboral.
Esta prestación económica recibe diferentes nombres en función de la comunidad autónoma, como por ejemplo salario social básico, ingreso mínimo de inserción, renta garantizada, etc. Como parte del Sistema público de Servicios Sociales, es una competencia exclusiva de las Comunidades, por lo cual cada una de ellas establece diferentes formas de acceso, requisitos exigidos, medidas complementarias su duración o su cuantía, entre otras.
En Cataluña esta La Renda Garantizada (RG)
Para ver requisitos sobre RG, duración y donde solicitarlo clicar aquí
Ayudas mujeres embarazadas
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Otras ayudas
Son de casi 540 euros en el mes y varían según las necesidades del demandante.
Ayuda familiar: dirigida a personas con responsabilidad familiar -hijos menores de 26 a cargo suyo- que ya han agotado las prestaciones por desempleo, y no tienen otras rentas. La ayuda puede durar de 18 a 30 meses.
Subsidio por cotización insuficiente / Subsidio por pérdida
de ocupación: Esta ayuda va dirigida a aquellas personas que han perdido su
trabajo y no tienen acumulados un mínimo de 360 días de cotización. Puede durar
desde tres meses hasta veintiuno.
Para ver requisitos, duración y donde solicitarlo clicar aquí.
Subsidio por revisión de una incapacidad: Para personas sin ingresos que han tenido una enfermedad pero que están mejorando y por este motivo se los retira la ayuda de incapacidad permanente. Dura desde seis a dieciocho meses.
Subsidio para liberados de prisión: Para personas ex encarcelados que hayan cumplido su condena y no tengan derecho a otras prestaciones. Se puede prolongar desde los seis hasta los dieciocho meses.
Subsidio por emigrantes devueltos: Para quienes vuelven a España después de haber estado trabajando fuera en países que no tienen convenio bilateral o que no pertenecen en el Espacio Económico Europeo. La ayuda puede durar de seis a dieciocho meses.
Subsidio y renta agraria: Para tabajadores eventuales agrarios en Andalucía o Extremadura. El máximo que puede durar son 300 días, siempre dependen de la edad y las responsabilidades familiares que tenga.
Por más información sobre prestaciones:
En España hay cerca de cuatro millones de personas
desempleadas (3949.640). Son 400.000 personas más que cuando comenzó la
pandemia. Insistentemente se habla del desempleo juvenil que roza el 40%
duplicando las tasas medias de los 19 países de la zona euro. Sin embargo,
parece que nos hemos olvidado de otro grupo de edad aún más castigado. Sobre todo,
porque para este colectivo cumplir años es alejarse cada vez más de la esperanza de
encontrar un empleo. Nos referimos a los mayores de 55 años.
Es el grupo más afectado por el desempleo de larga duración
en España. De hecho, España tiene la
tasa de paro en los mayores de 55 años más alta de los 37 países que componen
la OCDE.
Las personas afectadas tienen que sobrellevar lo que
consideran es una discriminación por edad. De hecho, parece tan común, que
ya los expertos han puesto un nombre a esa marginación: "edadismo"
como nos la apunta Alfonso Jiménez, socio de la firma de cazatalentos Exec
Avenue. De hecho, ¿contrataría a un
diplomado en empresariales, con cursos en derecho tributario, ex propietario de
varias empresas, ex director de sucursal bancaria que ha estado destinado en la
división de banca internacional? El
sueldo que pide es de mil euros lo que para él sería "una lotería".
Sin embargo, nadie le contrata. Se llama Antonio Marcos, tampoco a Maria Luisa
cocinera de 55 años con cursos de cocina en la escuela de hostelería de
Madarcos. Ni a José Cristóbal de 59 años que, con 30 años en la hostelería, maître,
gestión de equipos de 20 personas, catador de aceites.
Todos ellos y muchos miles más se han reunido en plataformas
a través de redes sociales o cuentas de Twitter. Por falta de ingresos muchos
viven a su edad en pisos compartidos o en apartamentos muy reducidos. Su
situación es de las más complicadas del mundo laboral porque como dice Maria
Luisa, cada cumpleaños es un paso atrás. Por eso, para que empiecen ser pasos
hacia delante proponen que si en otros casos del mercado laboral hay cupos de
contratación para mujeres o discapacitados para evitar su discriminación
laboral también exista con mayores desempleados.
Fuente: ABC
Hay que mantener los ERTE mientras el empleo lo requiera
Los datos de paro publicados hoy por el Servicio Público de
Empleo (SEPE), correspondientes al mes de marzo, muestran un descenso del paro
de 59.149 personas, lo que sitúa la cifra total de personas desempleadas en
3.949.640. Este descenso se debe a las menores restricciones que ha habido en
marzo respecto a febrero y al inicio de la Semana Santa, además de ser un mes
tradicionalmente favorable para el empleo.
Para la Unión General de Trabajadores, las medidas
restrictivas deben continuar hasta alcanzar la inmunidad colectiva. Evitar una
cuarta ola de contagios, que induzca a nuevas paralizaciones de la actividad y
someta a más tensión a la economía, es clave si se pretende que la temporada de
verano sea un éxito, esencial para la economía española.
Para ello, el sindicato considera imprescindible acompañar
en estas dificultades a los hogares y a las empresas que están en peores
situaciones, reforzando y ampliando las vías de ayuda existentes y no dejando a
nadie atrás. Los ERTE han de seguir mientras sea necesario, manteniendo las
rentas de las personas que no han podido volver a recuperar la actividad en su
puesto de trabajo.
Además, ante el incremento del desempleo y el mayor riesgo
de paro de larga duración, sobre todo entre colectivos más vulnerables (hay que
tener en cuenta que un 57,7% de las personas en desempleo son mujeres y un 9%
jóvenes), es necesario acelerar la reforma de las políticas activas de empleo,
reforzando urgentemente los Servicios Públicos de Empleo, al tiempo que se
garantiza la protección social. Y también habrá que dotar de los recursos
dispuestos para ayudar a las empresas con la mayor prontitud posible para
evitar la destrucción de nuestro tejido productivo, que será esencial para la
recuperación.
UGT considera que el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia debe ser el punto de inicio en el que se cimente una conversión de
nuestro modelo laboral y productivo a un entorno con el empleo de calidad como
protagonista.
Además, para alcanzar un modelo económico distinto, el
sindicato manifiesta la necesidad de acometer cambios profundos, comenzando por
derogar la reforma laboral de 2012, por sus efectos lesivos sobre los trabajadores
y trabajadoras, y negociando un nuevo marco regulatorio que establezca unas
condiciones más favorables para la persona empleada.
Los datos de desempleo conocidos hoy muestran una variación
interanual del paro del 11,31%, más de 10 puntos menor a la que hubo en febrero
por el mejor comportamiento del empleo y el efecto base de comparación, ya que
en marzo del año pasado comenzamos a ver los primeros efectos de la pandemia.
Respecto a febrero, el descenso se cifra en un –1,48%.
En cuanto al número de beneficiarios de prestaciones, en
febrero había 2.359.191 personas en esta situación, lo que supone un 17,8% más
que en el mismo período del 2020. La causa de este aumento en la protección se
encuentra fundamentalmente en los ERTE.
En lo que respecta al empleo, en el mes de marzo la
afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 70.790 personas, mientras el
dato desestacionalizado muestra 45.438 personas menos. No obstante, en términos
anuales la variación se traduce en un descenso de 86.366 personas afiliadas
respecto a marzo del año pasado, un 0,45% menos. Los ERTE explican que la
pérdida en la afiliación respecto al año anterior no sea tan pronunciada, ya
que según la Seguridad Social marzo finalizaba con 745.615 personas bajo su
protección, 113.926 menos que a fin de febrero.
Por su parte, la contratación en el mes de marzo, como ha
sucedido con el empleo, se ha incrementado. El repunte en este caso ha sido de
un 15,82% respecto al mes de febrero.
El número de contratos indefinidos, en porcentaje sobre el
total de contratos que hubo en marzo, es del 14,76%. Dentro del total de
contratos indefinidos hay una parte de ellos que ha sido a tiempo completo,
concretamente un 62,16%, y otra que ha sido a tiempo parcial, un 27,72%. Esto
significa que sólo 9 de cada 100 contratos son indefinidos a tiempo completo.
Mientras que los contratos bajo la modalidad de obra y servicio y eventuales
por circunstancias de producción supusieron el 76,67% del total de la
contratación, una característica propia de nuestro modelo laboral en el que la
incertidumbre económica se traduce en contratos inestables y de peor calidad.
Dentro de los factores que generan esa incertidumbre se
encuentran dos variables sanitarias, como es lógico durante una pandemia, la
vacunación y la evolución de los contagios. Es importante destacar un reciente
cambio en las expectativas de la vacunación cuando la Unión Europea informó que
haría todo lo que fuera necesario para que España tuviera las vacunas que
necesita, continuando con el buen ritmo de vacunación que tiene España si se
compara con el resto del entorno europeo.
En marzo, respecto al mes anterior, ha descendido en 32.469
el número de hombres registrados como desempleados (un 1,91% menos), mientras
el paro femenino lo ha hecho en un porcentaje menor, siendo menor también en
términos absolutos (26.680 desempleadas menos, un 1,16% menos). En el año el
desempleo masculino subió un 9,33% (142.599 parados más) y el femenino lo hizo
un 12,81% (258.729 desempleadas más). El 57,7% de las personas en desempleo son
mujeres.
En marzo estaban registrados 357.793 jóvenes (un 9% del
total de desempleados). El desempleo entre los menores de 25 años ha descendido
un 2,35% mensual (8.610 parados jóvenes menos en este mes), y en términos
anuales asciende un 24,42% (70.233 jóvenes).
Por lo que respecta a los trabajadores extranjeros, el
descenso ha sido menos pronunciado. En este caso el número de personas en
desempleo baja en el mes un 1,07% (siendo menor entre las mujeres en términos
relativos y absolutos), hasta alcanzar la cifra de 584.165 personas
desempleadas (un 14,79% del total de desempleados). En la variación anual se
observa también un incremento del 31,7%, 140.611 trabajadores extranjeros
desempleados más.
Por sectores, en marzo el paro registrado desciende en todas
las actividades productivas menos en la agricultura, que se incrementa: en la
construcción (7.685 desempleados menos, un 2,46% menos), en los servicios
(53.686; un -1,89%), y en la industria (3.675; un -1,16%). Sin embargo, en la
agricultura asciende en 2.368 personas, lo que supone un 1,24% más. En el
colectivo sin empleo anterior se observa un aumento del desempleo (suma 3.529,
un 1,00%). En el año se incrementa el paro en el conjunto de sectores, a
excepción de la construcción que disminuye en 14.903 personas desempleadas, un
-4,67%.
La afiliación a la Seguridad Social se incrementa en el mes:
70.790 afiliados más en marzo respecto a febrero, un 0,38% más, aumentando
hasta 18.920.920 afiliados (de media en el mes). No obstante, la variación
mensual desestacionalizada ha sido opuesta, dejando 45.438 afiliados menos.
El número total de contratos registrados en marzo se
incrementa un 15,82% respecto a febrero, situándose la cifra total en 1.404.107
contratos firmados. Los contratos indefinidos ascienden un 56,45%, mientras los
temporales aumentan en un 10,84%. Si lo comparamos con los registrados en marzo
de 2020, el volumen del total de contratos aumenta un 11,75%, los temporales lo
hacen un 7,72% y los indefinidos en un notable 42,50%. Este mes la proporción de
indefinidos sobre el total de contratos se sitúa en el 14,76%, mostrando una
mayor debilidad en la actividad de los sectores más propensos a la
temporalidad.
En el mes crece en mayor medida el volumen de los contratos
indefinidos a tiempo parcial (un 61,05%), frente al resto: los indefinidos a
jornada completa ascienden un notorio 49,48%; mientras tanto los temporales a
jornada parcial aumentan un 27,80% y los temporales a tiempo completo lo hacen
más ligeramente, concretamente en un 4,52%.
La modalidad de indefinidos a tiempo completo ocupa sólo un
9,17% sobre el total de contratos registrados en el mes de marzo. Mientras, el
peso de los contratos a tiempo parcial sobre el total de contratos se mantiene
en el 30,77%.
En el mes de marzo, el número de beneficiarios de
prestaciones ascendía a 2.359.191, un 17,8% más que en el mismo mes de
referencia de 2020. Con este nivel de protección adicional para las personas
empleadas amparadas por un ERTE, la tasa de cobertura del conjunto del sistema
de protección se sitúa en el 62,92%, 3,1 puntos menos que en 2020.
La Seguridad Social señala que a 31 de marzo había 745.615 afiliados protegidos por un ERTE, 113.926 trabajadores menos que a fin de febrero.
Fuente: UGT
La perpetuación del empleo precario tras el Coronavirus
El deterioro que está experimentando el mercado laboral en muchas economías, a la vez que dificulta la recuperación, ofrece una gran oportunidad al empleo precario.
Con la aparición del Coronavirus, en un contexto en el que dicha pandemia se ha comportado como un auténtico cisne negro, muchas son las incógnitas que quedan en el horizonte, así como muchas las dudas sobre cual será el impacto de una crisis de semejante magnitud en una economía que, ya previamente a la situación provocada por el virus, mostraba grandes deterioros y desequilibrios estructurales que debían acometerse.
Como han coincidido muchos economistas, la situación es bastante complicada y recuperar la normalidad previa no será fácil. Pero, si en algo están de acuerdo es que esta crisis dejará duras secuelas en muchas economías que, debido a la situación, deberán reconstruirse, así como hacerlo con modelos distintos a los aplicados previamente.
Entre estas incógnitas, la preocupación de muchos economistas es el grado de deterioro que van a vivir determinadas economías. No estamos hablando de una situación en la que el impacto de dicha pandemia sea simétrico, tampoco de una situación de partida en la que todos los países afectados por el Coronavirus contaban con los mismos recursos. Las desigualdades están presentes en el planeta y esta crisis las ha dejado al desnudo, mostrando esa elevada vulnerabilidad en economías que, debido a su situación, no se encuentran preparadas para afrontar una crisis como la actual. Así, como tampoco para afrontar, con recursos propios y de forma unilateral, los efectos de una crisis que, atendiendo a la historia reciente, no cuenta con precedentes para basar una estrategia con un cierto grado de confianza.
La situación que se muestra, como decíamos y valga la redundancia, es una situación, como poco, complicada. Una situación a la que tienen que enfrentarse todos los países afectados por el virus, pero a la que deberán responder con medidas efectivas. Y es que como comentábamos, las desigualdades que presenta el planeta al analizar los países en el contraste son muy visibles; además, dichos niveles de desigualdad, siendo esta la preocupación que muchos economistas presentan, podrían deteriorarse, provocando una desigualdad creciente y estructural, la cual se perpetúe en determinadas economías pese a la disipación de la crisis vírica.
Una situación a la que debemos estar atentos, siendo el fin de esto el poder recuperar las economías lo antes posible, así como mejorar el modelo económico que, a priori, presentaban.
Tras la aparición del virus en muchas economías, la elevada tasa de contagio que este mostraba, así como los efectos que estaba teniendo el virus en la población, obligó a que muchos gobernantes optasen por bloquear toda la actividad que se sucedía en los respectivos países, siendo esta la principal medida de contención del virus.
Esta situación derivó, muy pronto, en lo que se conoce como un shock de oferta, provocando la incapacidad de abrir los negocios, así como la capacidad de desarrollar cualquier actividad económica posible dentro de los países en los que el virus estaba presente. De esta forma, y, en otras palabras, aplicando medidas de distanciamiento social que, paralizando toda la actividad económica que se encontraba operativa en el país, así como confinando a los ciudadanos en sus domicilios, tenían como fin el contener un brote vírico que, con el paso de los días, se iba extendiendo por los distintos países a un ritmo muy acelerado.
Así, con el bloqueo de la actividad económica, muchas empresas se vieron obligadas a echar el cierre; llevándose consigo a los empleados que, en esos momentos, se encontraban operativos.
Además, aquellas que no echaban el cierre y se les permitía seguir operando, en un contexto globalizado y donde los países son cada vez más, económicamente hablando, interdependientes, se mostraban incapaces de seguir con su operativa diaria. Ya que, aunque había países que podían seguir sin aplicar las medidas de distanciamiento social por la baja presencia del virus en dicho territorio, la globalización económica y el bloqueo que vivieron las principales cadenas de valor a nivel global provocaron el desabastecimiento de los comercios, obligando a echar el cierre por la incapacidad de reponer su mercancía tras ser vendida o quedarse obsoleta.
Toda esta situación obligó a los países, así como a los agentes económicos que operan en la economía global, a tomar medidas para contener la pérdida de capitales que dicho virus provocó en estos.
Para ello, y sin actividad económica que los sustentase, una de las medidas más adoptadas por las empresas en el planeta fue el despido de aquellos empleados que, ante la incapacidad que suponía dicho virus para seguir desarrollando aquella actividad que se encontraban desarrollando, se veían obligados a irse al paro. Pues, de no adoptar dichas medidas, la empresa, en un escenario tan incierto y en el que se desconocían las fechas en las que se iba a retomar la actividad económica, podría haber sufrido una descapitalización que, en lugar de obligarle a despedir a ciertos empleados, le hubiese obligado a echar el cierre. Todo ello, con la consecuente pérdida de capacidad productiva que esto supone.
Por ello, y volviendo al inicio del artículo, es muy importante recordar que hablábamos de países que partían con grandes desequilibrios y asimetrías que los hacen distintos el uno del otro. En este sentido, desequilibrios que, como los niveles de empleo, ya preocupaban a los organismos internacionales, y que ahora, ante la nueva coyuntura y el mayor deterioro soportado por los efectos derivados del Coronavirus, preocupan en mayor medida. Pues hablamos de países que soportaban elevados niveles de desempleo y que, tras la situación descrita anteriormente, se ven obligados a soportar un mayor nivel de desempleo, así como un deterioro de este en los próximos años.
Además, en países como España, por ejemplo, la destrucción de empleo se ha ido concentrando en determinados sectores que, por su baja cualificación, así como incapacidad para adaptarse al nuevo contexto, se vieron obligados a dejar de trabajar, provocando el despido forzado en determinados oficios. La incapacidad de adaptar determinadas actividades al teletrabajo obligaba a los empresarios a desprenderse de esos costes que, sin generar retornos para hacerlos sostenibles, seguían asfixiando y consumiendo los recursos de las empresas.
En los últimos años, tras la situación que se ha ido dando en el planeta y como producto, en parte, de la última crisis acontecida durante el año 2008, muchos economistas han coincidido en que, ante el miedo de una nueva crisis y dada la situación que vivieron las empresas en crisis pasadas, el empleo en estas ha sufrido un cambio notable. En este sentido hablamos de un cambio en el que lo más significativo ha sido la calidad del empleo tras la crisis acontecida. Una calidad del empleo que, ante el miedo de los empresarios por verse en una situación similar, fue deteriorándose, a la vez que iban apareciendo nuevas empresas que, ante semejante situación, hicieron de ese empleo precario una nueva normalidad en el empleo.
Hablamos de empresas para las que incluso se ha creado un concepto, el cual las trata de enmarcar dentro de lo que los expertos denominan como la “gig economy”.
Esta nueva forma de crear empleo, como decíamos, se remonta a hace algo más de una década, donde, con la llegada de la crisis económica, el mercado laboral sufrió una revolución de la que surgieron nuevas formas de contratación alternativa a la contratación tradicional que se conocía hasta el momento. Nuevas formas de contratación en las que la flexibilidad y la comunicación ‘online’ son los pilares básicos para el funcionamiento de estas; pilares que, justamente, se dan en el escenario actual. Además, la deslocalización, es decir, la posibilidad de trabajar para un empleador que se encuentra a miles de kilómetros es otra de las características de la ‘gig economy’, característica que, de igual forma, coincide con la nueva normalidad que deja el COVID-19.
Así, las empresas que basan su modelo en este sistema han aumentado de forma exponencial en los últimos años. La compañía McKinsey cita en un informe que entre el 20% y el 30% de la población activa en EE.UU. y Europa participa de forma activa en los diferentes grados de la “gig economy”. Estas empresas, aprovechándose de situaciones en las que los niveles de empleo -tras la Gran Recesión- quedaron muy deteriorados, lograron identificar un nicho de negocio en el que establecerse. Un nicho de negocio en el que, de forma justificada y atendiendo a determinados criterios y algunos vacíos legales que sobre el papel sonaban muy bien, comenzaron a generar una gran cuantía de empleos precarios y que, hoy, se han convertido en una auténtica alternativa laboral, ante la gran falta de oportunidades que presentan las economías. Empleos precarios que, hoy, ocupan a un sinfín de jóvenes universitarios -y no tan jóvenes- que, como si de autónomos se tratasen, cumplen con jornadas laborales mucho más extensas, con salarios que, en contraste, son sustancialmente inferiores.
Esta es una de las grandes preocupaciones que deja el Coronavirus. En un contexto en el que la contratación puntual y por servicios podría ser una alternativa extraordinaria para lograr un grado de adaptación que permita la maniobra en situaciones de extrema incertidumbre como la actual, podríamos estar ante un mayor ensanchamiento de este tipo de empleos en aquellas economías que, como las economías de Latinoamérica, se muestran más vulnerables a la destrucción de empleo por el COVID. A la vez que presenta, todo sea dicho, unos niveles de desempleo -tanto general como juvenil- más elevados que otros países que, como Estados Unidos, compensan dicha situación con una creciente oferta de empleo para satisfacer la demanda laboral.
Y es que, una crisis como la actual, en un escenario en el que el empleo no ha vivido una recuperación tras la crisis pasada, podría perpetuar la mala calidad del empleo en economías que, atendiendo a la situación previa al Coronavirus, presentaban un elevado nivel de desempleo. Esto, teniendo en cuenta que hablamos de un deterioro de gran calado, preocupa a muchos economistas. Pues, ante una situación como la actual, donde dos crisis se han cebado en los últimos 20 años con el conjunto de economías, preocupa especialmente. Ya que, de no comenzar a estimular la economía de tal forma que reactivemos el empleo, la desregulación del mercado laboral y la gran flexibilidad que este precisa para poder crear empleo, y que es cada vez más intensa, podría llevarnos a situaciones en las que el empleo precario comenzase a ser una consecuencia más de la nueva normalidad que ya comienza a perpetuarse crisis tras crisis.
Fuente: Economipedia
Propuestas de la EAPN de reconstrucción tras la pandemia Covid-19
La European Anti Powerty Network (EAPN) cree necesario
sentar las bases de una sociedad resiliente, hacia la del bienestar y
plenamente democrática.
Para la EAPN la (re)construcción tras la pandemia de la COVID-19 no puede seguir las recetas de 2008, sino que debe aprovecharse el nuevo ciclo de planificación e inversión para encarar los cambios profundos que nuestro país y nuestro mundo necesitan. Es imperativo apostar por la transformación sistémica propuesta por la Agenda 2030 en la dirección de una sociedad más resiliente, justa, igualitaria y sostenible, con mayores garantías de derechos sociales a través del fortalecimiento de servicios públicos, transitando hacia un nuevo modelo energético, productivo y de consumo, nuevas relaciones campo-ciudad, relaciones de género igualitarias y una gobernanza global fortalecida.
Las medidas de salida post-crisis deben poner el foco en todas las personas y el medio ambiente, formulando políticas públicas con financiación suficiente de ámbito nacional e internacional, coherentes entre sí y con los principios del desarrollo sostenible, asegurando que en ningún caso la inversión pública vaya en detrimento de estos principios o los derechos humanos.
En este sentido, las propuestas de la EAPN son que la
(re)construcción esté sustentada en los seis pilares siguientes:
- Garantizar un sistema de derechos sociales y de protección social sólido y eficiente: asegurar que el recientemente aprobado Ingreso Mínimo Vital tenga la cobertura necesaria para avanzar en la inclusión de la población más vulnerable, reforzar los sistemas públicos de salud, educación y vivienda y poner el cuidado en el centro de las políticas públicas.
- Una fiscalidad justa como motor del cambio. El sistema fiscal debe garantizar que se generan los recursos para aumentar la cobertura y el impacto de las políticas sociales, acompañar el proceso de transición ecológica de la economía y poner el foco en la reducción de las desigualdades. Debe, asimismo, luchar de manera efectiva contra el fraude, la evasión y elusión fiscal.
- Garantizar una sociedad libre de violencias e integradora. En este sentido es necesario reforzar el marco normativo y de planificación sobre la igualdad de oportunidades, lucha contra la discriminación, violencias de género, violencias contra la infancia, violencia racista o delitos de odio y la trata de seres humanos. Todas estas cuestiones deben contar con presupuestos efectivos y reales.
- Avanzar hacia una sociedad plenamente democrática. Para ello es imprescindible derogar la Ley Mordaza, introducir en el sistema curricular formal la Educación por la Igualdad y la Ciudadanía Global y definir una estrategia de colaboración con la sociedad civil que incluya mecanismos de consulta y de participación en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas.
- Ejercer un liderazgo internacional desde el compromiso con una Agenda 2030 transformadora. El papel de España debe centrarse en la promoción de los Derechos Humanos, de la igualdad de género, la erradicación de las distintas discriminaciones, la emergencia ambiental, los bienes públicos globales y la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.
Fuente: EAPN
Codema45: Manifiesto por una Renta Básica
Colectivo de Desempleados y Desempleadas Mayores de 45 años (Codema45), con NIF G66205428, es una Federación de Asociaciones Personas Desempleadas Mayores de 45 años, registrada en la Subdirección General de Asociaciones y Documentación del Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior en Madrid, desde Agosto 2015.
En base a sus estatutos sus fines principales son los siguientes:
- Aglutinar las asociaciones de personas desempleadas mayores de 45 años, para una mejor defensa de sus intereses.
Codema45 comprometida en el reto de encontrar alternativas y posibles soluciones al Colectivo, está muy preocupada por la situación provocada por el Coronavirus o Covid-19, una crisis sanitaria que tanto a corto como a medio y largo, tendrá grandes consecuencias para la sociedad, se trata de una situación histórica.
Para frenar los contagios por la pandemia sanitaria del Coronavirus, se han adoptado medidas drásticas, como confinar a la población en sus casas, quedando en funcionamiento solo actividades de primera necesidad (sanitarias, limpieza, alimentación, farmacias, geriátricos, etc.). Con esta medida casi todos los países se han visto afectados por la parada total o parcial de la actividad, lo que ha repercutido de forma intensa en el mercado laboral, en la deuda, y en el déficit. Se prevé una gran recesión económica escala mundial.
En España, se decretó el estado de emergencia el 14 pasado de Marzo, fecha a partir de la que se confinó a la población. La sanidad que sufre una grave carencia de recursos, después de años de recortes y privatizaciones, sobre todo en los gobiernos del PP, es la gran protagonista de esta crisis. La gran profesionalidad y la abnegación del personal sanitario, salva la situación.
El resultado del confinamiento ha disparado los niveles de desempleo, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, entre marzo y abril, el paro registrado ha subido en casi 600.000 personas (algo más de 300.000 en marzo y 282.291 en abril) y deja la cifra total en 3,890.000 de personas desempleadas. La afiliación a la Seguridad Social ha perdido cerca un millón de cotizantes, (casi 900.000 en marzo y 49.071 en abril), la media el hundimiento de la afiliación a la seguridad social es de 548.093. A primeros de Mayo, la cifra total de afiliación es de 18,4 millones. Hay que tener en cuenta además, que según datos de la Seguridad Social, en abril hay 3,4 millones de personas afectadas por los ERTE (Expediente de regulación temporal de empleo), este grupo cuenta en las cifras de afiliación.
Se prevé que muchas de las personas afectadas por los ERTE pierdan su puesto de trabajo. En cuanto a los autónomos, según los datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), ya se han tramitado más de 300.000 suele•licitudes del cese de actividad extraordinario. Lo UPTA cree que esta cifra a finales de abril es de 1,5 millones, casi la mitad de los 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia. Si sumamos todos los datos, nos damos cuenta que los niveles de desocupación son altísimos y que, el escenario que se presenta es muy crítico.
La recesión de la economía española es histórica, un hundimiento brutal. La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero, en la comparecencia para desglosar el Programa de estabilidad 2020-2023, dijeron que este año el PIB español caerá el 9,2% por el coronavirus según las previsiones del Gobierno enviadas a Bruselas en el marco del Programa de estabilidad. Con la misma previsión, el crecimiento de la economía española será del 6,8% el 2021, siempre que los precios del petróleo se mantengan en torno a los 40 dólares el barril. La tasa de paro puede subir hasta el 19% este año a consecuencia del hundimiento del consumo de los hogares (8,8%), el de la inversión (25,5%) y las exportaciones (27,1%). Según estas previsiones, la deuda pública pasará del 95,5% el 2019 al 115% el 2020.
Los altos niveles de paro, provocan una bajada en la demanda de productos y servicios, lo que afecta la oferta, reduce el flujo de dinero y genera pobreza y riesgo de exclusión social. No tener trabajo afecto también la salud mental de las personas, el estado de ánimo y genera estrés económico, y una sensación de inutilidad. Hay que implementar medidas de forma prioritaria para mitigar los efectos de la carencia de trabajo.
La renta básica universal (RBU), es un ingreso pagado por el estado a todas las personas de un país, se trata de una prestación incondicional que se percibe además de cualquier otro ingreso. Como contrapartida deben desaparecer las otras ayudas y prestaciones públicas, de modo que con ello habría un ahorro de costes burocráticos, de gestión y supervisión, además sería necesario hacer un rediseño de los Impuestos. Si bien se han realizado ejemplos prácticos en diferentes países, hasta ahora a la RBU se le ha venido considerando una utopía.
En el contexto de esta pandemia muchas voces y diferentes países están a favor de rentas mínimas para cubrir esta situación de emergencia, como por ejemplo el Foro Económico Mundial (WEF). Tanto el papa Francisco que considera la necesidad de un salario básico universal para mejorar la interrupción económica mundial causada por el brote de COVID-19 y que afecta principalmente la clase trabajadora, como Lluís de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo, y ex ministro de Economía, Industria y Competitividad en el gobierno del PP, hasta el mismo Donald Trump, que propone un envío masivo de cheques a las personas, o la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), dirigida por José Maria Aznar son partidarios de una renta mínima.
El gobierno, entre otras medidas para paliar la crisis Coronavirus, está preparando un Ingreso Mínimo Vital (IVM) para ayudar a las familias. Se estima que alcanzará a un millón de hogares, de ellos 100.000 monoparentales. La ayuda prevista es desde 500 euros por familia, que puede llegar a un máximo de 950 euros, en el caso de familias con 2 adultos sin ingresos alguno y dos hijos a cargo.
Desde Codema45 instamos el Gobierno que aplique una RBU para todas las personas, a pesar de que consideramos que ahora hay que priorizar una renta mínima que permita vivir dignamente en las personas que económicamente lo necesiten. Ahora no hay tiempo, para poner en marcha la RBU, puesto que requiere un análisis y un estudio, una campaña para concienciar la ciudadana, además de una tecnología considerable.
Teniendo en cuenta los puntos expuestos creemos necesario encontrar soluciones con urgencia, para conseguir encauzar este descalabro económico y laboral, y evitar la precariedad y la pobreza. Por todo esto desde Codema45, solicitamos:
1. Que el gobierno ponga en marcha políticas activas que generen ocupación teniendo en cuenta la crisis del coronavirus, sin embargo, y como que no parece que esto se pueda conseguir a corto plazo, exigimos que aplique inmediatamente una renta mínima de 950 euros (salario mínimo actual), que puede llegar a un máximo de 1.200 euros, para familias con 2 adultos, alguno de los cuales no tenga ingresos y dos o más hijos a cargo.
2. Que las medidas del punto anterior se prioricen para las personas desempleadas mayores de 45 años, que según "El Informe del mercado de trabajo de las personas mayores de 45 años", del Servicio Público de Ocupación estatal del 2019 (datos del 2018), tenían un paro del 50,64% del total (1.621.573, sobre 3.202.297). Este colectivo, además, sufre discriminación laboral por edad. Ya en la crisis del 2008, este colectivo, fue el más perjudicado por el paro, y con seguridad también lo serán ahora.
Entidades que forman Codema45:
- Asociación de Parados Mayores Activos (APMA). Santa Coloma Gramanet (Barcelona)
- Asociación Movimiento por el empleo de la Isla. San Fernando. (Cadiz)
- Asociación Parados Emprendedores. Palma de Mallorca
- Asociación Parados Onubenses. Huelva
- Col.lectiu d'Aturats del Baix Penedès. El Vendrell (Tarragona)
- DI-GAM. Barcelona.
- Siempre Activ@s de Albacete. Albacete
- T’Acompanyem. Barcelona
- WISE People Sant Cugat. Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
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