miércoles, 24 de julio de 2019
Es necesario mejorar el gasto en Politicas Activas de Empleo (más de 6.000 millones año)
Las Políticas Activas de Empleo (PAE ) son un tema muy
polémico desde hace años. Por una parte, por una cuestión evidente: En todo lo
que tiene que ver con el mercado de trabajo, España tiene mucho que mejorar. No
es que la elevadísima tasa de paro se deba sólo a esto o sólo a las modalidades
de contratación o sólo al resto de la normativa laboral. Pero todo suma y desde
hace años todos los informes de expertos y organismos internacionales denuncian
la ineficacia de las PAE para recolocar a las personas desempleadas españolas. Esta semana la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se suma a esas críticas.
No se sabe exactamente cuánto es el gasto. Pero lo que parece evidente es que se
gasta mal. Y no hablamos de un tema menor: son las PAE, quizás la partida
presupuestaria más importante en un país que soporta una tasa de paro que está
de forma permanente muy por encima de la media europea.
La AIReF presentaba la tercera parte de su Spending Review,
el conjunto de informes que está realizando sobre el gasto público en España.
En este caso, está dedicado a las PAE y sus principales conclusiones son
demoledoras: no se sabe cuánto es el gasto exacto en PAE, no hay "una
adecuada coordinación entre el Servicio Público Empleo Estatal (SEPE)y las Comunidades
Autónomas (CCAA)", el "sistema de subvenciones para la formación es
cuestionable", la información sobre las oficinas de empleo es mala y no
está centralizada, el contenido de los cursos de formación "no tiene
presente las necesidades del mercado de trabajo" y la autonomía local de
las propias oficinas "es escasa".
Además, a este debate sobre la eficacia se ha sumado el que
gira en torno a los problemas de corrupción en relación a los cursos de
formación y al malgasto del dinero en los mismos. El caso de los Expedientes de
Regulación de Empleo (ERE’s) en Andalucía ha sido el más conocido, pero ha
habido otras muchas noticias al respecto. De hecho, más allá de lo ocurrido en
este caso, la sensación generalizada es que esos cursos de formación para las
personas desempleadas, están muy lejos de lo que necesitan estas personas y de lo que piden las empresas; junto a esto,
se cuestiona el papel de las oficinas de empleo públicas y si aquellas
entidades que realizan los cursos son las más adecuadas para hacerlo.
El informe de la AIReF deja al margen la corrupción y se
centra más en la eficacia. Es decir, en si los cursos, subvenciones o ayudas a
la contratación sirven para algo. Y la respuesta es negativa.
En la presentación del estudio, se ha puesto un ejemplo real
muy significativo. En una comarca española, una empresa estaba pensando en
instalar una planta de procesado de legumbres. Y la oficina de empleo local
pensó en hacer un curso para las personas desempleadas de la zona. ¿Qué curso?
Pues el que había en el catálogo en ese momento sobre el sector de la
alimentación: uno sobre cámaras frigoríficas. ¿Hay corrupción en este proceso?
No. ¿Se justificaron ante la auditoría del Servicio Público de Empleo todas las
facturas? Sí. ¿Los profesores estaban preparados y el temario del curso era
interesante? Probablemente. ¿Las personas inscritas en el curso asistieron a
las clases? Por supuesto. ¿Tiene algún sentido dar un curso de cámaras
frigoríficas a una persona que quiere entrar a trabajar en una planta de
legumbres? Ninguno. ¿Hemos tirado el dinero público destinado al efecto? Sí, a
la basura: cada euro invertido en esa formación ha sido inútil.
Este ejemplo sirve mejor que cualquier dato para explicar el
desastre de las PAE. Luego está el lenguaje técnico de las conclusiones, pero
probablemente una imagen tan clara como la descrita sirve mejor para hacernos
una idea de lo que está ocurriendo. Según la AIReF lo siguiente es lo más
relevante:
El gasto total asciende a entre 6.100 y 6.500 millones de
euros al año. Ni siquiera sabemos la cifra exacta. Y esto no es debido tanto a
que se pierda por el camino (la AIReF cree que sí hay fiscalización en este
sentido) como a un caos de proveedores, transferencias cruzadas entre
administraciones, partidas que se definen de forma diferente según quién las
ejecute… No se puede medir porque no hay un lenguaje común ni un órgano que
centralice la información.
El 40% de las PAE’s es para incentivos a la contratación: en
España, buena parte de ellas se destina a estas ayudas (bonificaciones,
subvenciones, descuentos en la cuota…) que se dan a los empresarios que
contraten a determinados colectivos. Los expertos siempre han sido muy
escépticos sobre la eficacia de estas medidas, que muchas veces no sirven para
incrementar el número de personas ocupadas, sino para que unos (los bonificados/as)
ocupen el puesto de otros (los no bonificados/as). Aunque no es objeto
específico de este estudio, la AIReF también se plantea si tiene sentido este
esquema y recuerda que en Alemania, un país ejemplo de buenas prácticas en
esto, apenas un 20% del dinero en PAE va destinado a esta cuestión.
Los principales problemas son:
- Poco bagaje para tanto gasto.
- Burocracia e incentivos.
- Burocracia e incentivos.
Pero quizás lo más llamativo del informe y la presentación
de la AIReF tiene que ver no tanto con las políticas públicas concretas que se
aplican como con el cómo se aplican y quién toma la decisión.
Por ejemplo, en lo que hace referencia a los cursillos, los
autores del informe explican que estamos ante un sistema
"ultra-rígido" y "cerrado". O, traducido a un lenguaje
práctico: "Si no está en el catálogo, no se puede desarrollar ese curso.
Es poco probable que el SEPE pueda proporcionar el servicio a una empresa que
quiere formación en nuevas tecnologías" (por ejemplo, formar a sus
empleados en el uso de drones porque cree que es necesario para un nuevo
departamento). Si el curso o el tipo de formación que necesita el mercado no
está en la lista que mucho tiempo antes diseñó la consejería de turno (o el
Ministerio)… pues a aprender de cámaras frigoríficas.
"Las subvenciones para la formación", explican en
la AIReF se hacen a través de "convocatorias anuales. En teoría, esta
actividad es sin ánimo de lucro. Por eso, durante el proceso de gestión y
administración hay que ir acreditando tanto ingresos como gastos. Si hay
beneficios, se debe devolver a la administración; si hay pérdidas, lo asume el
centro". Vemos que es un sistema viciado de inicio y con incentivos
perversos (a engordar facturas para no tener esas pérdidas, cursos lo más
baratos-simples posibles para no arriesgarse a un sobrecoste inesperado…).
Mientras, lo que se hace en los países con mejores
resultados es completamente diferente. Allí son las empresas y los trabajadores
y trabajadores, los que deciden qué cursos realizar y cuáles son más necesarios
en cada momento: "En otros países rigen los principios de concurrencia
competitiva. Por ejemplo, en Alemania le dan un cheque al desempleado y éste,
con ese cheque, puede ir a cualquier centro acreditado a recibir la formación
que desee". Luego, por supuesto, la labor de la administración (que está
pagando con dinero público el curso) es controlar la calidad del servicio (a
través de un proceso de homologación de los centros, más sencillo y barato que
estar encima de cada factura) y que el curso se realiza realmente (para evitar
fraudes).
Todo esto suena muy extraño para aquellos que sólo conozcan
la realidad española. Porque estamos acostumbrados en nuestro país a un
panorama en el que los agentes implicados están muy alejados de lo que debería
ser su función: preparar a la persona desempleada para su reincorporación al
mercado laboral.
En este sentido, las personas expertas abogan por conceder mucha más autonomía a las
oficinas de empleo, para que ajusten su oferta a lo que necesitan las personas
desempleadas de su zona. Una autonomía, claro está, que debe ir acompañada de
un estricto proceso de rendición de cuentas y, también de incentivos para
aquellos equipos de trabajo y los funcionarios y funcionarias que mejor lo
hagan: "Existe una muy escasa autonomía local. La gestión del presupuesto
de cada oficina de empleo depende del órgano superior. El 83% de los empleos
los crea la empresa privada, pero las oficinas públicas de empleo no miran las
demandas de estas empresas".
La propuesta de la AIReF es crear en las Oficinas Publicas
de Empleo (OPE) áreas dedicadas a buscar empleo en las empresas, con perfiles
de empleo según la demanda y contacto permanente entre las empresas y quienes
buscan trabajo. Con formación adaptada a sus demandas y cuantificación de los
costes de esa formación.
Y para que esto salga bien, hay que permitir que quienes que
están sobre el terreno puedan decidir también sobre cómo gastar el presupuesto
o a qué cursos dirigir a las personas inscritas en las OPE. Por cierto, otra
propuesta interesante es la ventanilla única: que el proceso e implicados en el
pago de la prestación sean los mismos que los que hacen el perfilado y ayuda a
la recolocación.
"En Alemania, tenemos un pago por inserción. Hay
incentivos y competencia entre las propias OPE’s. La persona desempleada puede
elegir a cuál de ellas ir. Existe hasta un ranking público de cómo funcionan
las OPE’s". No sólo eso, como explica la AIReF también hay incentivos
monetarios: es decir, pagar más al funcionario o funcionaria u oficina de
empleo, en función de sus resultados. Aquí las opciones son enormes y pueden
ser complementarias: bonus si baja el paro en tu zona, si encuentras más
empleos a quienes se inscriben en su oficina, incremento en el bonus por
recolocar personas desempledas de
inserción más complicada… Hasta ahora, en España, plantear este tipo de extras
para los funcionarios y funcionarias siempre ha sido tabú. La AIReF lo ha
puesto sobre la mesa. Habrá que ver el recorrido de este informe a partir de
ahora.
Fuente: LibreMercado
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