La perpetuación del empleo precario tras el Coronavirus
El deterioro que está experimentando el mercado laboral en muchas economías, a la vez que dificulta la recuperación, ofrece una gran oportunidad al empleo precario.
Con la aparición del Coronavirus, en un contexto en el que dicha pandemia se ha comportado como un auténtico cisne negro, muchas son las incógnitas que quedan en el horizonte, así como muchas las dudas sobre cual será el impacto de una crisis de semejante magnitud en una economía que, ya previamente a la situación provocada por el virus, mostraba grandes deterioros y desequilibrios estructurales que debían acometerse.
Como han coincidido muchos economistas, la situación es bastante complicada y recuperar la normalidad previa no será fácil. Pero, si en algo están de acuerdo es que esta crisis dejará duras secuelas en muchas economías que, debido a la situación, deberán reconstruirse, así como hacerlo con modelos distintos a los aplicados previamente.
Entre estas incógnitas, la preocupación de muchos economistas es el grado de deterioro que van a vivir determinadas economías. No estamos hablando de una situación en la que el impacto de dicha pandemia sea simétrico, tampoco de una situación de partida en la que todos los países afectados por el Coronavirus contaban con los mismos recursos. Las desigualdades están presentes en el planeta y esta crisis las ha dejado al desnudo, mostrando esa elevada vulnerabilidad en economías que, debido a su situación, no se encuentran preparadas para afrontar una crisis como la actual. Así, como tampoco para afrontar, con recursos propios y de forma unilateral, los efectos de una crisis que, atendiendo a la historia reciente, no cuenta con precedentes para basar una estrategia con un cierto grado de confianza.
La situación que se muestra, como decíamos y valga la redundancia, es una situación, como poco, complicada. Una situación a la que tienen que enfrentarse todos los países afectados por el virus, pero a la que deberán responder con medidas efectivas. Y es que como comentábamos, las desigualdades que presenta el planeta al analizar los países en el contraste son muy visibles; además, dichos niveles de desigualdad, siendo esta la preocupación que muchos economistas presentan, podrían deteriorarse, provocando una desigualdad creciente y estructural, la cual se perpetúe en determinadas economías pese a la disipación de la crisis vírica.
Una situación a la que debemos estar atentos, siendo el fin de esto el poder recuperar las economías lo antes posible, así como mejorar el modelo económico que, a priori, presentaban.
Tras la aparición del virus en muchas economías, la elevada tasa de contagio que este mostraba, así como los efectos que estaba teniendo el virus en la población, obligó a que muchos gobernantes optasen por bloquear toda la actividad que se sucedía en los respectivos países, siendo esta la principal medida de contención del virus.
Esta situación derivó, muy pronto, en lo que se conoce como un shock de oferta, provocando la incapacidad de abrir los negocios, así como la capacidad de desarrollar cualquier actividad económica posible dentro de los países en los que el virus estaba presente. De esta forma, y, en otras palabras, aplicando medidas de distanciamiento social que, paralizando toda la actividad económica que se encontraba operativa en el país, así como confinando a los ciudadanos en sus domicilios, tenían como fin el contener un brote vírico que, con el paso de los días, se iba extendiendo por los distintos países a un ritmo muy acelerado.
Así, con el bloqueo de la actividad económica, muchas empresas se vieron obligadas a echar el cierre; llevándose consigo a los empleados que, en esos momentos, se encontraban operativos.
Además, aquellas que no echaban el cierre y se les permitía seguir operando, en un contexto globalizado y donde los países son cada vez más, económicamente hablando, interdependientes, se mostraban incapaces de seguir con su operativa diaria. Ya que, aunque había países que podían seguir sin aplicar las medidas de distanciamiento social por la baja presencia del virus en dicho territorio, la globalización económica y el bloqueo que vivieron las principales cadenas de valor a nivel global provocaron el desabastecimiento de los comercios, obligando a echar el cierre por la incapacidad de reponer su mercancía tras ser vendida o quedarse obsoleta.
Toda esta situación obligó a los países, así como a los agentes económicos que operan en la economía global, a tomar medidas para contener la pérdida de capitales que dicho virus provocó en estos.
Para ello, y sin actividad económica que los sustentase, una de las medidas más adoptadas por las empresas en el planeta fue el despido de aquellos empleados que, ante la incapacidad que suponía dicho virus para seguir desarrollando aquella actividad que se encontraban desarrollando, se veían obligados a irse al paro. Pues, de no adoptar dichas medidas, la empresa, en un escenario tan incierto y en el que se desconocían las fechas en las que se iba a retomar la actividad económica, podría haber sufrido una descapitalización que, en lugar de obligarle a despedir a ciertos empleados, le hubiese obligado a echar el cierre. Todo ello, con la consecuente pérdida de capacidad productiva que esto supone.
Por ello, y volviendo al inicio del artículo, es muy importante recordar que hablábamos de países que partían con grandes desequilibrios y asimetrías que los hacen distintos el uno del otro. En este sentido, desequilibrios que, como los niveles de empleo, ya preocupaban a los organismos internacionales, y que ahora, ante la nueva coyuntura y el mayor deterioro soportado por los efectos derivados del Coronavirus, preocupan en mayor medida. Pues hablamos de países que soportaban elevados niveles de desempleo y que, tras la situación descrita anteriormente, se ven obligados a soportar un mayor nivel de desempleo, así como un deterioro de este en los próximos años.
Además, en países como España, por ejemplo, la destrucción de empleo se ha ido concentrando en determinados sectores que, por su baja cualificación, así como incapacidad para adaptarse al nuevo contexto, se vieron obligados a dejar de trabajar, provocando el despido forzado en determinados oficios. La incapacidad de adaptar determinadas actividades al teletrabajo obligaba a los empresarios a desprenderse de esos costes que, sin generar retornos para hacerlos sostenibles, seguían asfixiando y consumiendo los recursos de las empresas.
En los últimos años, tras la situación que se ha ido dando en el planeta y como producto, en parte, de la última crisis acontecida durante el año 2008, muchos economistas han coincidido en que, ante el miedo de una nueva crisis y dada la situación que vivieron las empresas en crisis pasadas, el empleo en estas ha sufrido un cambio notable. En este sentido hablamos de un cambio en el que lo más significativo ha sido la calidad del empleo tras la crisis acontecida. Una calidad del empleo que, ante el miedo de los empresarios por verse en una situación similar, fue deteriorándose, a la vez que iban apareciendo nuevas empresas que, ante semejante situación, hicieron de ese empleo precario una nueva normalidad en el empleo.
Hablamos de empresas para las que incluso se ha creado un concepto, el cual las trata de enmarcar dentro de lo que los expertos denominan como la “gig economy”.
Esta nueva forma de crear empleo, como decíamos, se remonta a hace algo más de una década, donde, con la llegada de la crisis económica, el mercado laboral sufrió una revolución de la que surgieron nuevas formas de contratación alternativa a la contratación tradicional que se conocía hasta el momento. Nuevas formas de contratación en las que la flexibilidad y la comunicación ‘online’ son los pilares básicos para el funcionamiento de estas; pilares que, justamente, se dan en el escenario actual. Además, la deslocalización, es decir, la posibilidad de trabajar para un empleador que se encuentra a miles de kilómetros es otra de las características de la ‘gig economy’, característica que, de igual forma, coincide con la nueva normalidad que deja el COVID-19.
Así, las empresas que basan su modelo en este sistema han aumentado de forma exponencial en los últimos años. La compañía McKinsey cita en un informe que entre el 20% y el 30% de la población activa en EE.UU. y Europa participa de forma activa en los diferentes grados de la “gig economy”. Estas empresas, aprovechándose de situaciones en las que los niveles de empleo -tras la Gran Recesión- quedaron muy deteriorados, lograron identificar un nicho de negocio en el que establecerse. Un nicho de negocio en el que, de forma justificada y atendiendo a determinados criterios y algunos vacíos legales que sobre el papel sonaban muy bien, comenzaron a generar una gran cuantía de empleos precarios y que, hoy, se han convertido en una auténtica alternativa laboral, ante la gran falta de oportunidades que presentan las economías. Empleos precarios que, hoy, ocupan a un sinfín de jóvenes universitarios -y no tan jóvenes- que, como si de autónomos se tratasen, cumplen con jornadas laborales mucho más extensas, con salarios que, en contraste, son sustancialmente inferiores.
Esta es una de las grandes preocupaciones que deja el Coronavirus. En un contexto en el que la contratación puntual y por servicios podría ser una alternativa extraordinaria para lograr un grado de adaptación que permita la maniobra en situaciones de extrema incertidumbre como la actual, podríamos estar ante un mayor ensanchamiento de este tipo de empleos en aquellas economías que, como las economías de Latinoamérica, se muestran más vulnerables a la destrucción de empleo por el COVID. A la vez que presenta, todo sea dicho, unos niveles de desempleo -tanto general como juvenil- más elevados que otros países que, como Estados Unidos, compensan dicha situación con una creciente oferta de empleo para satisfacer la demanda laboral.
Y es que, una crisis como la actual, en un escenario en el que el empleo no ha vivido una recuperación tras la crisis pasada, podría perpetuar la mala calidad del empleo en economías que, atendiendo a la situación previa al Coronavirus, presentaban un elevado nivel de desempleo. Esto, teniendo en cuenta que hablamos de un deterioro de gran calado, preocupa a muchos economistas. Pues, ante una situación como la actual, donde dos crisis se han cebado en los últimos 20 años con el conjunto de economías, preocupa especialmente. Ya que, de no comenzar a estimular la economía de tal forma que reactivemos el empleo, la desregulación del mercado laboral y la gran flexibilidad que este precisa para poder crear empleo, y que es cada vez más intensa, podría llevarnos a situaciones en las que el empleo precario comenzase a ser una consecuencia más de la nueva normalidad que ya comienza a perpetuarse crisis tras crisis.
Fuente: Economipedia
Propuestas de la EAPN de reconstrucción tras la pandemia Covid-19
La European Anti Powerty Network (EAPN) cree necesario
sentar las bases de una sociedad resiliente, hacia la del bienestar y
plenamente democrática.
Para la EAPN la (re)construcción tras la pandemia de la COVID-19 no puede seguir las recetas de 2008, sino que debe aprovecharse el nuevo ciclo de planificación e inversión para encarar los cambios profundos que nuestro país y nuestro mundo necesitan. Es imperativo apostar por la transformación sistémica propuesta por la Agenda 2030 en la dirección de una sociedad más resiliente, justa, igualitaria y sostenible, con mayores garantías de derechos sociales a través del fortalecimiento de servicios públicos, transitando hacia un nuevo modelo energético, productivo y de consumo, nuevas relaciones campo-ciudad, relaciones de género igualitarias y una gobernanza global fortalecida.
Las medidas de salida post-crisis deben poner el foco en todas las personas y el medio ambiente, formulando políticas públicas con financiación suficiente de ámbito nacional e internacional, coherentes entre sí y con los principios del desarrollo sostenible, asegurando que en ningún caso la inversión pública vaya en detrimento de estos principios o los derechos humanos.
En este sentido, las propuestas de la EAPN son que la
(re)construcción esté sustentada en los seis pilares siguientes:
- Garantizar un sistema de derechos sociales y de protección social sólido y eficiente: asegurar que el recientemente aprobado Ingreso Mínimo Vital tenga la cobertura necesaria para avanzar en la inclusión de la población más vulnerable, reforzar los sistemas públicos de salud, educación y vivienda y poner el cuidado en el centro de las políticas públicas.
- Una fiscalidad justa como motor del cambio. El sistema fiscal debe garantizar que se generan los recursos para aumentar la cobertura y el impacto de las políticas sociales, acompañar el proceso de transición ecológica de la economía y poner el foco en la reducción de las desigualdades. Debe, asimismo, luchar de manera efectiva contra el fraude, la evasión y elusión fiscal.
- Garantizar una sociedad libre de violencias e integradora. En este sentido es necesario reforzar el marco normativo y de planificación sobre la igualdad de oportunidades, lucha contra la discriminación, violencias de género, violencias contra la infancia, violencia racista o delitos de odio y la trata de seres humanos. Todas estas cuestiones deben contar con presupuestos efectivos y reales.
- Avanzar hacia una sociedad plenamente democrática. Para ello es imprescindible derogar la Ley Mordaza, introducir en el sistema curricular formal la Educación por la Igualdad y la Ciudadanía Global y definir una estrategia de colaboración con la sociedad civil que incluya mecanismos de consulta y de participación en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas.
- Ejercer un liderazgo internacional desde el compromiso con una Agenda 2030 transformadora. El papel de España debe centrarse en la promoción de los Derechos Humanos, de la igualdad de género, la erradicación de las distintas discriminaciones, la emergencia ambiental, los bienes públicos globales y la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.
Fuente: EAPN
Codema45: Manifiesto por una Renta Básica
Colectivo de Desempleados y Desempleadas Mayores de 45 años (Codema45), con NIF G66205428, es una Federación de Asociaciones Personas Desempleadas Mayores de 45 años, registrada en la Subdirección General de Asociaciones y Documentación del Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior en Madrid, desde Agosto 2015.
En base a sus estatutos sus fines principales son los siguientes:
- Aglutinar las asociaciones de personas desempleadas mayores de 45 años, para una mejor defensa de sus intereses.
Codema45 comprometida en el reto de encontrar alternativas y posibles soluciones al Colectivo, está muy preocupada por la situación provocada por el Coronavirus o Covid-19, una crisis sanitaria que tanto a corto como a medio y largo, tendrá grandes consecuencias para la sociedad, se trata de una situación histórica.
Para frenar los contagios por la pandemia sanitaria del Coronavirus, se han adoptado medidas drásticas, como confinar a la población en sus casas, quedando en funcionamiento solo actividades de primera necesidad (sanitarias, limpieza, alimentación, farmacias, geriátricos, etc.). Con esta medida casi todos los países se han visto afectados por la parada total o parcial de la actividad, lo que ha repercutido de forma intensa en el mercado laboral, en la deuda, y en el déficit. Se prevé una gran recesión económica escala mundial.
En España, se decretó el estado de emergencia el 14 pasado de Marzo, fecha a partir de la que se confinó a la población. La sanidad que sufre una grave carencia de recursos, después de años de recortes y privatizaciones, sobre todo en los gobiernos del PP, es la gran protagonista de esta crisis. La gran profesionalidad y la abnegación del personal sanitario, salva la situación.
El resultado del confinamiento ha disparado los niveles de desempleo, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, entre marzo y abril, el paro registrado ha subido en casi 600.000 personas (algo más de 300.000 en marzo y 282.291 en abril) y deja la cifra total en 3,890.000 de personas desempleadas. La afiliación a la Seguridad Social ha perdido cerca un millón de cotizantes, (casi 900.000 en marzo y 49.071 en abril), la media el hundimiento de la afiliación a la seguridad social es de 548.093. A primeros de Mayo, la cifra total de afiliación es de 18,4 millones. Hay que tener en cuenta además, que según datos de la Seguridad Social, en abril hay 3,4 millones de personas afectadas por los ERTE (Expediente de regulación temporal de empleo), este grupo cuenta en las cifras de afiliación.
Se prevé que muchas de las personas afectadas por los ERTE pierdan su puesto de trabajo. En cuanto a los autónomos, según los datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), ya se han tramitado más de 300.000 suele•licitudes del cese de actividad extraordinario. Lo UPTA cree que esta cifra a finales de abril es de 1,5 millones, casi la mitad de los 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia. Si sumamos todos los datos, nos damos cuenta que los niveles de desocupación son altísimos y que, el escenario que se presenta es muy crítico.
La recesión de la economía española es histórica, un hundimiento brutal. La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero, en la comparecencia para desglosar el Programa de estabilidad 2020-2023, dijeron que este año el PIB español caerá el 9,2% por el coronavirus según las previsiones del Gobierno enviadas a Bruselas en el marco del Programa de estabilidad. Con la misma previsión, el crecimiento de la economía española será del 6,8% el 2021, siempre que los precios del petróleo se mantengan en torno a los 40 dólares el barril. La tasa de paro puede subir hasta el 19% este año a consecuencia del hundimiento del consumo de los hogares (8,8%), el de la inversión (25,5%) y las exportaciones (27,1%). Según estas previsiones, la deuda pública pasará del 95,5% el 2019 al 115% el 2020.
Los altos niveles de paro, provocan una bajada en la demanda de productos y servicios, lo que afecta la oferta, reduce el flujo de dinero y genera pobreza y riesgo de exclusión social. No tener trabajo afecto también la salud mental de las personas, el estado de ánimo y genera estrés económico, y una sensación de inutilidad. Hay que implementar medidas de forma prioritaria para mitigar los efectos de la carencia de trabajo.
La renta básica universal (RBU), es un ingreso pagado por el estado a todas las personas de un país, se trata de una prestación incondicional que se percibe además de cualquier otro ingreso. Como contrapartida deben desaparecer las otras ayudas y prestaciones públicas, de modo que con ello habría un ahorro de costes burocráticos, de gestión y supervisión, además sería necesario hacer un rediseño de los Impuestos. Si bien se han realizado ejemplos prácticos en diferentes países, hasta ahora a la RBU se le ha venido considerando una utopía.
En el contexto de esta pandemia muchas voces y diferentes países están a favor de rentas mínimas para cubrir esta situación de emergencia, como por ejemplo el Foro Económico Mundial (WEF). Tanto el papa Francisco que considera la necesidad de un salario básico universal para mejorar la interrupción económica mundial causada por el brote de COVID-19 y que afecta principalmente la clase trabajadora, como Lluís de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo, y ex ministro de Economía, Industria y Competitividad en el gobierno del PP, hasta el mismo Donald Trump, que propone un envío masivo de cheques a las personas, o la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), dirigida por José Maria Aznar son partidarios de una renta mínima.
El gobierno, entre otras medidas para paliar la crisis Coronavirus, está preparando un Ingreso Mínimo Vital (IVM) para ayudar a las familias. Se estima que alcanzará a un millón de hogares, de ellos 100.000 monoparentales. La ayuda prevista es desde 500 euros por familia, que puede llegar a un máximo de 950 euros, en el caso de familias con 2 adultos sin ingresos alguno y dos hijos a cargo.
Desde Codema45 instamos el Gobierno que aplique una RBU para todas las personas, a pesar de que consideramos que ahora hay que priorizar una renta mínima que permita vivir dignamente en las personas que económicamente lo necesiten. Ahora no hay tiempo, para poner en marcha la RBU, puesto que requiere un análisis y un estudio, una campaña para concienciar la ciudadana, además de una tecnología considerable.
Teniendo en cuenta los puntos expuestos creemos necesario encontrar soluciones con urgencia, para conseguir encauzar este descalabro económico y laboral, y evitar la precariedad y la pobreza. Por todo esto desde Codema45, solicitamos:
1. Que el gobierno ponga en marcha políticas activas que generen ocupación teniendo en cuenta la crisis del coronavirus, sin embargo, y como que no parece que esto se pueda conseguir a corto plazo, exigimos que aplique inmediatamente una renta mínima de 950 euros (salario mínimo actual), que puede llegar a un máximo de 1.200 euros, para familias con 2 adultos, alguno de los cuales no tenga ingresos y dos o más hijos a cargo.
2. Que las medidas del punto anterior se prioricen para las personas desempleadas mayores de 45 años, que según "El Informe del mercado de trabajo de las personas mayores de 45 años", del Servicio Público de Ocupación estatal del 2019 (datos del 2018), tenían un paro del 50,64% del total (1.621.573, sobre 3.202.297). Este colectivo, además, sufre discriminación laboral por edad. Ya en la crisis del 2008, este colectivo, fue el más perjudicado por el paro, y con seguridad también lo serán ahora.
Entidades que forman Codema45:
- Asociación de Parados Mayores Activos (APMA). Santa Coloma Gramanet (Barcelona)
- Asociación Movimiento por el empleo de la Isla. San Fernando. (Cadiz)
- Asociación Parados Emprendedores. Palma de Mallorca
- Asociación Parados Onubenses. Huelva
- Col.lectiu d'Aturats del Baix Penedès. El Vendrell (Tarragona)
- DI-GAM. Barcelona.
- Siempre Activ@s de Albacete. Albacete
- T’Acompanyem. Barcelona
- WISE People Sant Cugat. Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
El coronavirus destruirá 195 millones de empleos en todo el mundo
La Organización Organización Internacional de Trabajo advierte sobre la nueva crisis a causa del coronavirus
La gestión del talento senior en las empresas del Ibex 35
El subsidio para mayores de 52 años
- Acreditar todas las condiciones de acceso a la jubilación salvo la edad (lo que implica haber cotizado al menos 15 años y por lo menos 2 años en el intervalo de los 15 años previos a solicitar la ayuda). También se tendrá que haber cotizado un periodo mínimo de 6 años por la contingencia de desempleo.
- Ser emigrante retornado sin derecho a prestación contributiva de desempleo.
- Ser liberado de prisión en las mismas condiciones.
- Haber sido declarado plenamente capaz o incapaz parcial por expediente de revisión por mejoría de situación de Incapacidad Permanente Total, Absoluta o Gran Invalidez.
- La cuantía no cambia, ascendiendo al 80% del IPREM, es decir, 430 euros mensuales.
- Sin embargo, la principal novedad en este aspecto es que todos los beneficiarios la cobrarán íntegra, mientras que con la ayuda previa, quienes accedían a la misma desde un cese de un trabajo a tiempo parcial, percibían la cuantía proporcional a la jornada realizada.
- La ayuda podrá percibirse hasta la edad ordinaria de jubilación si es que el beneficiario de la misma no encuentra un trabajo (se seguirá exigiendo el compromiso de actividad). La ayuda previa se extinguía cuando el beneficiario alcanzase los requisitos para acceder a la jubilación en cualquiera de sus modalidades, ordinaria o anticipada.
- Este subsidio es el único que cotiza para la jubilación, por el 125% base mínima Regimen General de la Seguridad Social.
- Las cotizaciones efectuadas tendrán efecto para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación y porcentaje aplicable a aquella en cualquiera de sus modalidades, así como para completar el tiempo necesario para el acceso a la jubilación anticipada.
- Se sigue manteniendo el mismo límite de rentas, fijado en el 75% del SMI. Es decir, el beneficiario de la nueva ayuda para mayores de 52 años deberá acreditar que sus rentas mensuales no exceden los 675 euros mensuales.
Quienes somos:
Estatutos
Entidades que conforman CODEMA 45
- Asociación de Parados Mayores Activos (Santa Coloma Gramenet)
- Asociacion Parados Onubenses
- AsociaciónParadosEmprendedores (Palma de Mallorca)
- Associació de Persones Aturades +45 Anys (Assat50) (l'Hospitalet de Llobregat)
- Col.lectiu d'aturats del Baix Penedès.
- Di-GAM
- Plataforma Civica Contra la Discriminacion Por Edad
- Plataforma por el empleo La Isla (Cadiz)
- SiempreActivosAlbacete
- T'Acompanyem - Barcelona
- WisePeople (Sant Cugat del Valles)
Traductor
Archivo
-
►
2019
(13)
- ► septiembre (1)
-
►
2018
(12)
- ► septiembre (1)
-
►
2017
(15)
- ► septiembre (1)
-
►
2016
(13)
- ► septiembre (1)
-
►
2015
(16)
- ► septiembre (1)